Corrupción y desarrollo

La Ley de Arbitraje española prevé, en su artículo 15.5, que, en caso de desacuerdo entre las partes con respecto al nombramiento de los árbitros que dirimirán su disputa, cualquiera de ellas podrá acudir a la jurisdicción con objeto de que el Tribunal Superior de Justicia competente intervenga y designe a un árbitro o a un Tribunal colegiado o, en su caso, adopte las medidas necesarias para su nombramiento. Esta singular función de apoyo al arbitraje, lejos de ser una cuestión pacífica, plantea, en la práctica profesional, numerosos obstáculos y ambigüedades, fruto de la...

Este libro analiza las reglas expedidas por el Gobierno Nacional para el manejo de la crisis empresarial generada como consecuencia de la pandemia Covid-19, en una visión que acompasa la teoría con la practica y que identifica sus bondades, retos, problemas, y propone soluciones para estos. Adicionalmente, el trabajo recoge las decisiones de la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos, las cuales constituyen un precedente necesario en esta materia, así como los pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades como operador natural de los procesos concursales en Colombia....

La entrada en vigor de la Constitución de 1978 desarrollada por las Leyes 11/1981, de 13 de mayo y 30/1981, de 7 de julio supuso una profunda modificación del matrimonio y la familia. El cambio de régimen político y las nuevas medidas de política legislativa facilitaron dicho cambio, aunque no fueron la causa del mismo. El Nuevo Régimen, a través del Código Civil francés de 1804, introdujo en la familia burguesa la disolución del matrimonio por divorcio. Mas fue el profundo cambio cultural de 1968 - a través unas manifestaciones aparentemente lúdicas - el que dio lugar a una nueva ...

La Constitución Política de Colombia, expedida en 1991, concibió un nuevo derecho procesal conformado por una serie de acciones judiciales que, por ello mismo, son llamadas acciones constitucionales, las que por su contenido y características, resultan claramente diferenciables de las tradicionales acciones legales, contenidas en los códigos de procedimiento. Cuatro de tales acciones constitucionales, las de tutela, de habeas corpus, de cumplimiento y las populares, son acciones públicas en cuanto pueden ser ejercidas ante los jueces competentes por toda persona, directamente, debiendo...