El procedimiento criminal ingls

La enseñanza del Derecho Constitucional colombiano es habitualmente restringida al ordenamiento positivo vigente para satisfacer el currículo universitario. La extensión textual de la vigente Constitución de 1991 380 artículos ha generado una sensible e inquietante dificultad para su docencia y aprendizaje, porque en el corto período de un año electivo apenas si alcanza el catedrático a delinear la carga de complementación con auxilio de los todavía escasos manuales y comentarios explicativos. Situación esta que, a juicio, no debe ser soslayada ni mantenerse irresoluta en los...

One does not have to be a mechanical engineer to drive a car. Similarly, for engineers, there is no requirement of a legal background to study and apply the concepts of intellectual property. What exactly is intellectual property or IP? Intellectual Property (IP) refers to "creations of the mind or 'intellect' having commercial value and which can be bought and sold just like physical property." Legal rights associated with 'intellectual property' are called 'intellectual property rights' (IPRs). Though largely confined to and taught in law schools, the subject of 'intellectual property...

Dialogar sobre la justicia y los derechos es en sí mismo dialogar acerca de los márgenes de protección que se establecen en la Constitución. De modo tal que la presente obra se constituye como un acierto alrededor del desarrollo investigativo de profesores de la Institución Universitaria de Envigado, la Universidad Autónoma de Baja California , la Universidad de Medellín y la Fundación Universitaria Colombo Internacional. En este sentido, la obra propone una discusión sobre los hallazgos realizados por los investigadores en tres perspectivas: la primera una discusión de orden...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...