Derechos ambientales en disputa: algunos estudios de caso sobre conflictividad ambiental

La constitucionalización del derecho privado es un proceso que implica la intervención de normas, teorías, categorías y prácticas interpretativas del derecho constitucional en el derecho privado. Esta irrupción, juzgada favorablemente por algunos y reprochada duramente por otros, ha tenido como efecto una creciente intervención de los derechos fundamentales en escenarios que con fuerza pretenden escudar la plena aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, la indiscutible relevancia de la ley y el contrato, así como la extendida competencia de la jurisdicción común...

En este libro se analizan de manera breve las etapas del Procedimiento Criminal Ingles. De igual forma se hace especial referencia a ciertos tópicos del Procedimiento Penal Mexicano. A juicio del autor, el estudio de dichos instrumentos jurídicos nos sugiere la urgente necesidad de tomar todo lo bueno del Procedimiento criminal Ingles, para incorporarlos en las legislaciones de estados donde predominan Sistemas Procesal Penal Tradicional Latino, a fin de que en el futuro se conviertan en modelos de justicia Criminal similar al Ingles. El autor de buena fe invita a todos los países...

Un número importante de los recursos de amparo que se presentan ante el Tribunal Constitucional se fundamentan en la presunta violación del principio de igualdad del art.14 de la Constitución española. Esto ha obligado al Alto Tribunal a crear y precisar una doctrina jurisprudencial sobre el mismo que, sistematizada a lo largo de los años ochenta, viene aplicando a los más diversos supuestos. El autor de esta obra estudia críticamente dicha doctrina en su doble vertiente de igualdad "en la ley" e igualdad en "la aplicación de la ley", profundiza, desde las aportaciones de la actual...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...